por El 31 de diciembre se cerró la mina subterránea que por 63 años sustentó a la División Salvador, para dar paso a Rajo Inca, un yacimiento a cielo abierto en el que Codelco invirtió US$ 1.400 millones y que tendrá una vida útil estimada de 47 años. El costo directo en régimen será de 1,6 US$/libra, pero la intención es llevarlo algo más abajo para entrar al segundo cuartil de costos de la industria. Una posterior fase de crecimiento en la próxima década, en Potrerillos, elevaría su producción anual sobre 150.000 toneladas
Tras el agotamiento de los recursos, después de 63 años de operaciones, la División Salvador de Codelco cerró el 31 de diciembre a las 20:30 horas su mina subterránea, con miras a iniciar, en agosto, otros 47 años de producción, pero ahora a cielo abierto, en el llamado Rajo Inca, que cuenta con 796 millones de toneladas de reservas y una ley media de cobre de 0,5% a 0,65%, lo que demandará una inversión estimada en US$ 1.400 millones.
La transformación estructural de subterránea a rajo le permitirá a Salvador aumentar en régimen la producción desde las cerca de 60.000 toneladas registradas en 2021 a 90.000 toneladas anuales de cobre fino en régimen, lo que el gerente general de la División, Christian Toutin, estima ocurrirá recién será en 2025. Esto porque durante los primeros siete meses de este año dejará de producir la planta concentradora (que se alimentaba de la mina subterránea); solo seguirá operando la planta hidrometalúrgica con los óxidos del yacimiento a rajo San Antonio, junto con la fundición y refinería.
“Cumplido el hito de cierre de la mina subterránea, el objetivo es acelerar la construcción del nuevo rajo, para el 1 de agosto partir la entrega de mineral a la planta concentradora y llegar a su capacidad de diseño cinco meses después. Pero cuando se reinicie la operación de la concentradora se detendrá la planta hidrometalúrgica, también por siete meses, para someterla a un plan de reparaciones mayores que permitan cumplir las metas y objetivos del proyecto”, afirma Christian Toutin. En todo caso, el gerente está empeñado en un plan para intentar adelantar a mayo la operación.
Respecto de los costos, el ejecutivo detalla que lo proyectado para cuando esté 100% en régimen es un costo de mina cercano a un US$ 1,9 por tonelada y el costo directo (C1) será de 1,6 US$/libra. “Comparado con un precio de cobre de US$ 4 es un proyecto bastante bueno, que generará excedentes equivalentes a US$ 150 millones”, pronostica, aunque confiesa que “la pedida” del presidente ejecutivo, André Sougarret es llevarlo ojalá bajo US$ 1,5 para estar dentro “del segundo cuartil de costos de la industria”.
El ejecutivo afirma que si bien seguirá siendo una división de bajo tonelaje de cobre fino en el consolidado de Codelco, ya que no aportará más del 5% de su producción, “lo importante es que será más competitiva y rentable. Salvador tuvo pérdidas durante mucho tiempo, pero en los últimos años demostramos que puede operar ganando plata, con las mismas exigencias de El Teniente o Chuqui”.
Una vez estabilizada la producción de 90.000 tonelada, se evaluará una segunda etapa para llevar la División Salvador a unas 150.000 a 200.000 toneladas de cobre fino con una nueva explotación en Potrerillos, donde ya tienen identificados los minerales, lo que la convertiría en un equivalente de la actual División Andina. La ingeniería para este crecimiento debiera realizarse entre 2025 y 2030.
La sustentabilidad de Rajo Inca es un desafío no menor, sobre todo en materia de agua, considerando que en julio de 2020 el Consejo de Defensa del Estado interpuso una demanda de reparación por daño ambiental en contra de Codelco, “por el grave perjuicio provocado en el Salar Pedernales, que afectó el componente hídrico de su acuífero” por parte de la División Salvador. Toutin explica que siguen usando agua continental, pero este proyecto hará más eficiente el consumo, que ya han bajado de 690 litros por segundo a cerca de 480, tras un acuerdo con el CDE para disminuirlo con procesos más eficientes en la descarga de sus procesadores (a 2022 el porcentaje de sólidos llegaba 53% versus 40% a 45% de unos años antes). Pero entre 2025 y 2030 tienen que implementar proyectos para obtener agua desalada para el total de sus necesidades a 2032.
Aparte de acciones de recuperación de las condiciones hídricas, el avenimiento con el CDE incluyó un plan para poner en valor 175 hectáreas que incluyen los sistemas vegetacionales, zonal, hídrico y terrestre del salar y un catastro de las especies de flora y fauna.
