por Durante el presente año, las reuniones de la Mesa de Seguridad de Caletas y Borde Costero de la provincia de Chañaral – que convoca la Delegación Presidencial de la provincia de Chañaral y en la que participan activamente las policías junto a la Armada, Fiscalía, Gendarmería, el municipio y Sernapesca- han permitido acordar acciones intersectoriales, como fiscalizaciones diurnas y nocturnas, además de campañas de difusión de temáticas de seguridad pública.
En particular, durante las últimas fiscalizaciones diurnas realizadas en el borde costero, se ha detectado que la amplia costa de la comuna de Chañaral – que incluye las playas existentes en el parque Nacional Pan de Azúcar – esconde un delito tan lucrativo como nocivo para el ecosistema marino. Se trata de la extracción ilegal de algas pardas, que, en la región de Atacama, como en toda la macrozona norte de nuestro país despierta un creciente interés, a partir del aumento de su valor económico en el mercado.
Como referencia, desde el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, SERNAPESCA señalan que “si en 2018 el kilo de huiro negro se comercializaba a $304 promedio, en 2022 esta cifra casi se quintuplicó, llegando a los $1500 por kilo promedio”. Es por ello que la institución también ha fortalecido sus controles poniendo énfasis en el cumplimiento de medidas de administración como la veda y la cuota de extracción, además del control con análisis de riesgo a plantas de proceso las que “blanquean” alga extraída ilegalmente.
Así lo destaca el delegado presidencial de la provincia de Chañaral, Jorge Fernández Herrera cuando asevera que “de acuerdo con lo que nos informa Sernapesca, al problema de los agentes ilegales, es decir, no inscritos ni autorizados que están efectuando la extracción se suma que – como hemos constatado en nuestra provincia – también existe abuso del “barreteo”, que es la técnica en que se extrae apoyado por un elemento metálico en los discos de fijación del alga, depredando las praderas y afectado directamente al ecosistema marino, provocando también una disminución de otros recursos hidrobiológicos que migran por no tener alimento ni refugio. A nuestro juicio, esa situación es tremendamente grave por su afectación medioambiental, por lo que aumentaremos nuestro énfasis contra ese delito con estas y otras acciones”
Por su parte Claudio Ramírez, Director Regional (s) de Sernapesca Atacama confirma este diagnóstico indicando que, si durante 2021 se realizaron más de 4.800 fiscalizaciones, esa cifra se elevó por sobre las 6.400 en 2022 lo que derivó en una incautación de 383 toneladas en 2022, un aumento del 36,3% respecto a 2021 (281 toneladas)”.
Además, añadió al respecto que “es clave el trabajo interinstitucional dados los más de 500 kilómetros de costa que tiene la región, por eso la necesidad de diversificar y aumentar en conjunto los esfuerzos de fiscalización en toda la macrozona norte en pos de asegurar el cumplimiento normativo y el cuidado de este recurso, que es clave para los ecosistemas marinos”.
