por Respecto del diputado Jaime Mulet se explicó que no podrá ser acusado y llevado
a juicio ante un Tribunal, debido a que, tras ser formalizado ante el juez de
Garantía de Copiapó el año 2022 y haberse solicitado su desafuero por el
Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de Copiapó, con el voto en contra de
su presidenta, resolvió rechazar la petición de la Fiscalía, lo que impidió que éste
fuera llevado a juicio.
La Fiscalía de Atacama informó que la causa penal abierta por acciones desplegadas
entre la Municipalidad de Tierra Amarilla y Minera Candelaria en el marco del plan
operacional presentado por la mencionada empresa en noviembre del año 2013, que
involucró la contratación por parte del municipio de un estudio jurídico para que
presentara acciones legales en contra de la minera para forzar una negociación,
continúa vigente con cuatro imputados.
En la audiencia realizada este viernes 01 de septiembre ante el Juzgado de Garantía de
Copiapó, se reactivó la tramitación de la causa penal, la que se encontraba paralizada
debido a distintas acciones presentadas por la defensa de Jaime Mulet ante la Corte
Suprema y el Tribunal Constitucional, que buscaban que se rechazaran los recursos
interpuestos por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, tendientes a continuar
con la investigación contra el diputado.
En la audiencia señalada, el juez de garantía de Copiapó resolvió fijar una nueva fecha
para el día 16 de octubre en que tendrá que pronunciarse sobre peticiones presentadas
por los intervinientes.
SOBRESEIMIENTO
La eventual acusación que presente la Fiscalía no podrá incluir al diputado Jaime Mulet,
quien hizo valer su fuero parlamentario impidiendo con ello que se presentara una
acusación penal en su contra y ser llevado a juicio oral.
Así, este viernes, el juez de Garantía de Copiapó, en atención a que los recursos
presentados por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado fueron
declarados inadmisibles al estimar el Tribunal Constitucional inaplicable la norma que
permitía al Ministerio Público y al querellante presentar apelación ante el rechazo de la
petición de desafuero del diputado, procedió a decretar el sobreseimiento definitivo
respecto de Jaime Mulet, lo que impedirá que éste enfrente un juicio oral y, en definitiva,
que la ciudadanía pudiera saber si tuvo o no responsabilidad en los delitos investigados
por el Ministerio Público.
Cabe destacar que en la decisión de decretar el sobreseimiento adoptada por el juez, no
se indicó que Mulet fuera inocente de los hechos que se le imputaron por la Fiscalía o
que éstos no hayan sido constitutivos de delito, sino que dicho sobreseimiento se
decretó en virtud de la letra e) Artículo 250 del Código Procesal Penal, disposición que
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señala que durante la investigación ocurrió un hecho que, con arreglo a la ley, puso fin a
la responsabilidad del imputado. Es decir, el hecho que en este caso sobrevino, fue el
rechazo de la solicitud de desafuero por parte de la Corte de Apelaciones de Copiapó,
que puso fin a la responsabilidad penal del diputado y, que como se explicó, impidió que
fuera juzgado ante un Tribunal de la república.
En la jornada, además, el Juez de turno rechazó dos solicitudes de la defensa del
parlamentario, una de las cuales buscaba condenar en costas al Ministerio Público y a la
parte querellante, petición que fue categóricamente rechazada.
En segundo término, el Tribunal no dio lugar a la solicitud de los abogados del diputado
en que se pedía que se dejara de mencionar el nombre del parlamentario en futuros
actos que se desarrollen como parte de esta investigación.
FISCAL REGIONAL
Por su parte, el Fiscal Regional de Atacama, Alexis Rogat, respecto de la querella en su
contra, señaló que se encuentra absolutamente tranquilo y convencido de su inocencia,
pues cumple únicamente con su deber constitucional de investigar hechos constitutivos
de delitos a partir de la evidencia recopilada en la investigación a cargo de los fiscales
de Atacama y se encuentra a disposición del investigador del caso para colaborar en
todo aquello que se requiera con la finalidad de aclarar los hechos que se le imputan, tal
como corresponde a todo ciudadano chileno que no goza de prerrogativas especiales
que impidan sea investigado y que la justicia actúe, agregando que no eludirá ni
interferirá en la investigación recurriendo a acciones legales ni escudándose en su cargo
ni investidura, para asegurar un procedimiento transparente y ajustado a derecho, tal
como la comunidad espera de sus autoridades.
