por La estrategia parecía sencilla: un grupo de italianos llevarían cuatro motos de agua a Perú, las cargarían en su interior con clorhidrato de cocaína, las transportarían a Chile y, luego, las trasladarían hasta Roma. Y si en el camino alguna autoridad sospechaba, la excusa era que venían de una competencia internacional de jet ski, desde la ciudad de Paracas, ubicada a unos 260 kilómetros de Lima.
Ese era el plan que en el verano de 2018 intentó realizar una banda de italianos, para traficar ilegalmente droga desde Latinoamérica a Europa. Sin embargo, no salió como esperaban.
El 1 de marzo de ese año, en el Complejo Fronterizo de Chacalluta, dos de los integrantes del grupo romano intentaron ingresar en una camioneta desde Perú a Chile, con dos vehículos acuáticos. La explicación -tal como lo habían planeado- era que estaban participando de una competición.
Al personal de la Aduana le llamó la atención el relato. Y es que no les cuadraba varias cosas: el viaje, la falta de bronceado de ambos y que habían llegado desde Italia a Santiago, para luego estar un par de días en Perú y, finalmente, devolverse.
Ante las dudas, los funcionarios del control fronterizo decidieron pasar los vehículos acuáticos por una revisión de scanner y percibieron una extraña densidad en el interior. Taladraron las motos y se encontraron con 153 kilos brutos de clorhidrato de cocaína, con un porcentaje de pureza del 57% y avaluada -en ese entonces- en $4 mil 500 millones.
Los extranjeros, identificados como Luca Quagliuolo y Domenico Vorro, quedaron detenidos. Pero no fueron los únicos. Paola Vorro, Nicholas Tassone y Massimiliano Beltrami, italianos que también estaban en Chile y tenían la misma misión, fueron capturados por Carabineros.
En sus declaraciones ante el Ministerio Público, Massimiliano Beltrami -apodado como ‘El Infame’ o ‘Don Vitorio’- y Domenico Vorro apuntaron contra Marco D’Arienzo, alias “El Maracaná”, el cabecilla de una banda italiana dedicada al tráfico de drogas que operaba en la costa entre Ostia y Fiumicino.
Los implicados denunciaron que, mientras vivían en Roma, fueron amenazados por D’Arienzo si es que no aceptaban viajar a Chile para transportar la droga. Así, reconocieron que recibirían 10 mil euros por el negocio ilícito. Sus declaraciones motivaron al inicio de una investigación, que culminó con la detención del líder de la organización, al otro lado del Atlántico. Pero pese a las explicaciones de los italianos, los detenidos en Chile fueron condenados a nueve años de prisión por tráfico ilícito de drogas. Actualmente, cumplen condena en Arica, la que debería terminar, si es que no apelan a beneficios, en 2027.
Una de las razones que esgrimió el Ministerio Público en el caso fue que los cinco italianos pertenecían a una agrupación de delincuentes, que tenían como objetivo el transporte de droga. De hecho, en los registros de Gendarmería también están sindicalizados como una banda criminal. Pero no es la única.
Más de 600 “jefes” presos
Hasta el 31 de enero de 2023, Gendarmería identificó a 3.499 miembros de bandas criminales en el sistema penitenciario chileno, número que hasta ese entonces representaba el 7% de la población penal. La mayoría está vinculado a infracciones a la ley de drogas, robos y homicidios, de acuerdo a un informe de la institución que fue enviado al Senado como parte de la revisión de la ejecución del Presupuesto 2023.
Las bandas -según el mismo registro- están integradas por 408 mujeres y 3.091 hombres. La mayoría tienen entre 25 y 29 años (668) y entre 30 y 34 años (667). Sólo hay una persona de entre 80 y 84 y otra de entre 75 y 79 años.
Algunos de los internos declararon ser parte de etnias. Según el registro, 89 son aimaras, 63 mapuche, 18 quechua, y hay un diaguita y un atacameño.
Además, del total de internos que pertenecen a bandas criminales 1.320 tienen un nivel de compromiso delictual medio, mientras que 1.209 son clasificados como bajo y 959 como alto. Algunos se encuentran en celdas de máxima seguridad.
En el caso de los cinco italianos condenados en Chile por tráfico ilícito de drogas, tanto Massimiliano Beltrami como Paola Vorro fueron clasificados con un compromiso delictual medio, mientras que los demás quedaron registrados como bajo.
Otro de los datos que registra Gendarmería, es que al 20 de septiembre de este año, se reportaron 616 líderes de bandas relacionadas al crimen organizado, al interior de los centros penitenciarios chilenos, según un informe que entregó el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, en una comisión investigadora, hace unos días.
Bandas colombianas lideran detenciones
La información desagregada por Gendarmería también registra distintas nacionalidades. Del total de miembros de las bandas, 2.551 son chilenos y 948 extranjeros, de los cuales 348 son de nacionalidad colombiana, 269 venezolana y 136 boliviana.
A la lista de extranjeros también se suman otras nacionalidades, como los chinos. Durante los últimos años, la mafia china ha irrumpido en Chile, a tal punto de convertirse en motivo de alerta para el Ministerio Público.
A mediados de 2020, la Fiscalía inició una investigación contra una organización asiática por sospechas de tráfico de marihuana. Y es que la banda criminal logró montar cuatro galpones para la producción de cannabis indoor en Chile. Su forma de operar era similar a la de la mafia denominada “Bang de Fujian”, proveniente de una zona costera al sur del país asiático.
Luego de distintas diligencias, se logró la detención de 21 ciudadanos chinos, de los cuales cuatro se encuentran cumpliendo condena en Santiago I, tras un procedimiento abreviado. Los otros todavía están a la espera de un juicio.
Otra de las bandas criminales que ha dejado rastro en Chile es la del Cartel de Sinaloa. En 2021, dos familiares del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán fueron arrestados en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, por posesión de 600 kilogramos de cocaína, que iban con destino a Holanda.
Los detenidos eran Ricardo y Yolanda Salazar Tarriba, familiares de María Alejandrina Salazar, la primera esposa del “Chapo” Guzmán. Ambos habían arribado a territorio nacional, en el marco de una red que buscaba traficar sustancias ilícitas desde Chile hasta Europa.
La idea era trasladar droga desde Bolivia, para luego guardarla en Iquique y, finalmente, enviarlas a distintos puntos del viejo continente, vía marítima y aérea.
Actualmente, los hermanos Salazar Tarriba se encuentran detenidos en la Región Metropolitana. Ricardo en Santiago I y Yolanda en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel.
La irrupción del crimen organizado en Chile ha motivado al Ministerio Público a plantear la creación de una Fiscalía Supraterritorial, para abordar ese tipo de organizaciones, entre las que también está el Tren de Aragua, Los Gallegos, Los Pulpos, Los Espartanos, Los Chotas y Los Valencianos.
Santiago I: un penal al límite
Fue en 2019 cuando la Policía de Investigaciones (PDI) logró desarticular a una de las bandas de narcotraficantes más influyentes del país: Los Risas. Una organización criminal que manejaba la zona sur de la Región Metropolitana, vivía de lujos y tenía un alto poder de fuego.
En abril de ese año, funcionarios policiales detuvieron a Mauricio Toloza García, el mayor de tres hermanos, quienes en conjunto se dedicaban al tráfico ilícito.
Ángelo y Alejandro -los otros integrantes de la banda- lograron escapar de la detención, pero no por mucho tiempo. La pasión por el fútbol los delató. En agosto de 2019, fueron capturados tras jugar en la final de un campeonato amateur, por el club Villa La Cultura de San Ramón, en el que históricamente habían participado.
Tres años después de sus detenciones, los hermanos Toloza García, vinculados a futbolistas chilenos y cantantes internacionales de reggaetón, fueron condenados a penas de 40 años por los delitos de tráfico de droga, infracción a la ley de armas y asociación ilícita para el narcotráfico y lavado de activos.
Según el Sistema de Internos de Gendarmería, los hermanos Toloza García tienen un compromiso delictual alto y cumplen condena en distintos penales del país: Mauricio en Colina II, Alejandro en el CP de Rancagua y Ángelo en el CP de Valparaíso.
Esos centros penitenciarios son parte de los diez que más integrantes de bandas criminales tienen. En primer lugar está Santiago I, con 627 internos. Muy por debajo, viene Santiago Sur (281), el CP de Alto Hospicio (265), el CP de Arica (245), el CP de Rancagua (199), el CP de Valparaíso (154), el CP de La Serena (151), Colina II (150), el CPF de San Miguel (134) y el CCP de Antofagasta (109).
Las cifras también coinciden con las regiones con más reos pertenecientes a bandas. La Región Metropolitana lidera la lista, con 1.586 internos.
Las bandas criminales son un desafío para el sistema penitenciario chileno, que ha sido burlado incluso para elaborar redes de tráfico al interior de la cárceles, como lo ha hecho Carlos López Chirino, reconocido capo de 80 años, recluido en la cárcel Huachalalume, en La Serena.
Su historial penitenciario comenzó en 1998 en la región de Coquimbo, y en 2004 sumó otra sentencia por ingresar más de 60 kilos de pasta base de cocaína al complejo penitenciario en el que estaba. Cayó junto a dos de sus hijos. En 2017, se abrió una investigación en su contra, en la que incluso desde el Ministerio Público solicitaron la interceptación del teléfono que mantenía en la cárcel. La indagación fue, justamente, en el marco del tráfico ilícito de drogas, al interior y exterior del penal.
