por En medio de la crisis que está atravesando el Servicio Local de Educación Pública de Atacama, la Contraloría General de la República emitió un informe en el que se detectaron 11.200 casos de licencias emitidas por el COMPIN y 652 por las Isapres que no fueron recuperadas por el servicio. La suma asciende a más de 5 mil millones de pesos, motivo por el que el ente contralor instruyó la apertura de sumarios. Radio Bío Bío tuvo acceso al documento en el que se dan cuenta de las irregularidades en que incurrió el servicio al no cobrar dichos montos, los cuales hoy, al alero de la polémica que se vive en el norte, podrían servir para paliar las demandas de los profesores en la zona.
Más de 50 días sin clases llevan en la región de Atacama producto de las deficiencias administrativas y de infraestructura que registra el Servicio Local de Educación Pública (SLEP). Lo que tiene a más de 3.000 estudiantes sin clases y a los docentes movilizados desde septiembre, situación que se ha transformado en un dolor de cabeza para el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC).
El SLEP nortino administra el servicio educacional de cinco comunas: Caldera, Copiapó, Chañaral, Tierra Amarilla y Diego de Almagro. En las últimas semanas, el servicio ha atravesado una importante crisis, lo que ha motivado al titular del Mineduc a trasladarse a la zona para tratar de llegar a un acuerdo y poder bajar las movilizaciones.
Pero ahora se le suma otro problema. Se trata del Informe Final N° 281 de la Contraloría General de la República (CGR) que identificó a través de las bases de datos de licencias médicas proporcionada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), de la Seremi de Salud de Atacama, “licencias médicas en estado de aprobadas y en algunos casos ampliadas, las que no han recuperadas por el SLEP de Atacama al 31 de diciembre de 2022”.
Lo anterior corresponde a 11.200 casos, lo que se traduce en una cifra de por lo menos un monto total de $5.009.079.152. Todo esto dado que el SLEP de Atacama efectuó un pago íntegro de la remuneración a los funcionarios, por lo que al servicio le correspondía solicitar el reintegro a las entidades previsionales correspondientes al monto pagado por los días autorizados.
Pero eso no es todo. El ente fiscalizador también advirtió que de las bases de las Isapres, proporcionadas por la Superintendencia de Salud, se encontraron al menos 652 licencias médicas, por un valor de $258.250.783, que tampoco fueron recuperadas por el SLEP.
En sencillo, se estableció que cada servicio local de educación entrega los recursos necesarios a cada establecimiento para el pago de remuneración de los funcionarios -de igual manera con o sin licencia médica-. Y después debe acercarse tanto al COMPIN como a las Isapres para solicitar el reembolso de ese dinero, si es que alguno de los funcionarios solicitó una licencia médica. Situación que según el informe de la CGR no ocurrió.
En el documento se detalla que el SLEP contaba con una planilla Excel que tenía la finalidad de mantener el control de las licencias médicas recepcionadas, pero “se observó que la misma carecía de un mecanismo de control que garantizara el acceso, totalidad, exactitud y mantención de la información contenida en ella, toda vez que se constató que no se encontraba actualizada, presentaba inconsistencias, y no constaba en ella el cálculo de las licencias médicas para el posterior cobro del subsidio afectando la confiabilidad de los datos”.
La Contraloría consultó al servicio sobre el caso, y contestaron que “que el Departamento de Gestión de Personas, a través del equipo de Licencias Médicas se encontraba actualizando los registros y cargando la información en el Sistema CASChile dispuesto para ello, teniendo como compromiso completar dicha acción durante el año 2023 y así, mantener el control mediante reportes mensuales extraídos desde la mencionada plataforma, validado por el portal de licencias médicas”.
Esta situación, según se describe en el informe, “vulnera el principio de celeridad dispuesto en el artículo 7° de la ley N° 19.880, establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de Los Órganos de la Administración del Estado”. Por este motivo, “el SLEP Atacama deberá realizar las gestiones para obtener los subsidios correspondientes, (…) remitir a esta Entidad de Control los antecedentes que así lo acrediten, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe”.
Bajo ese contexto, la Contraloría “instruirá un procedimiento disciplinario en el SLEP de Atacama y la SEREMI de Salud de Atacama, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las irregularidades descritas”.
NO ACEPTADAS
En la indagación, el ente dirigido por Jorge Bermúdez, además, encontró que existen 1.780 licencias médicas en estado “rechazada” por el COMPIN de Atacama, “por un valor ascendente de $1.196.341.6955”. También, 216 licencias médicas reducidas “por el monto de $70.875.1836, cuyos descuentos no se han realizado por parte del SLEP Atacama”.
Esto quiere decir que fueron solicitadas 1.780 licencias por parte de funcionarios de los establecimientos dependientes del SLEP de Atacama, las que no fueron aceptadas por el COMPIN, pero esas personas recibieron la remuneración de igual forma. Lo que significa que fueron personas que no trabajaron y sin justificación, recibieron el dinero de igual forma.
Como consecuencia, el SLEP Atacama deberá adoptar medidas para iniciar un proceso de regularización y si procede “llevar a cabo las acciones necesarias para obtener el reintegro o la restitución de las sumas involucradas de aquellos casos observados en los anexos citados”.
PAGO DIRECTO DE SUBSIDIOS
Sumado a lo anterior, la “Contraloría Regional instruirá un procedimiento disciplinario en el SLEP Atacama”. Esto porque se verificó, según se especifica en el informe, “el pago directo de subsidios de licencias médicas a 6 funcionarios del SLEP Atacama, por un monto de $1.564.625”.
Frente a lo anterior, nuevamente el servicio deberá adoptar las medidas que correspondan, y si procede, llevar a cabo las acciones necesarias para el reintegro de las sumas involucradas. También se determinó que a los 77 funcionarios que se efectuó el pago del subsidio, “se les hizo un pago en exceso de cotizaciones previsionales” por un valor de $2.943.298.
