por 15 de noviembre- En medio de la discusión del Presupuesto de la Nación para el año 2025 que se ha dado esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados, el parlamentario de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Jaime Mulet Martínez, presentó un oficio en la Cámara Baja dirigido a la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez, para que informe sobre la situación financiera que presenta el Servicio de Salud de Atacama ante déficit de atención sanitaria en la región.
Sobre esto, el diputado regionalista verde acotó: “En Atacama tenemos un déficit importante que nos hicieron ver los funcionarios directivos del área”, dijo Mulet, quien agregó que “nos han dado la alerta de que no estaban los recursos para llegar a fin de año y eso es extremadamente grave”, expresó el legislador atacameño.
Situación que Mulet analizó durante la discusión de la partida de Salud en la Cámara: “Lo hemos reclamado desde principios de octubre y que ahora, con la aprobación de la partida de Presupuesto para Salud, esperemos que esto se corrija, ya que la gente no puede seguir esperando, además de las listas de espera, de las demoras que hay para cirugías, etc.”, dijo el diputado Mulet.
En la misiva dirigida a la directora de Presupuestos, Mulet expresa que “el Servicio de Salud de Atacama mantiene, alcierre de este 2024, una deuda de arrastre que le impediría un normal funcionamiento operativo en noviembre y diciembre de este año”. En ese escenario, Mulet añade: “Le solicito a usted (Javiera Martínez) poder referirse a la brevedad sobre la situación financiera del Servicio de Salud de Atacama e indicar la factibilidad de poder dirigir fondos directos que le permitan operar hasta fin de año”, cierra Mulet.
Bajo ese contexto, el presupuesto correspondiente al Ministerio de Salud, el segundo más alto dentro de la ley de Presupuestos para 2025 ($16 billones), obtuvo el visto bueno de la Cámara de Diputadas y Diputados. Por otro lado, se rechazó los ítems de transferencias de capital de la Subsecretaría de Redes Asistenciales al sector privado (317 mil millones de pesos) y al Gobierno Central a la Dirección general de Concesiones (517 millones).
